Rentabilidad de la fabricación en España

El sector de Tecnología Sanitaria pide a la Administración incentivos, estabilidad normativa y reformas en la contratación pública para garantizar la rentabilidad de la fabricación en España, tras presentar el informe ‘Los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España’ sobre su impacto económico.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) aprovechó la presentación del estudio ‘Los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España’ para trasladar a la Administración una batería de peticiones orientadas a reforzar la viabilidad industrial del sector. El informe cifra en 362 las compañías fabricantes en España, el 93% pymes, con una aportación anual de 1.677 millones de euros de valor añadido bruto a la economía nacional y una inversión en I+D+i de 344 millones de euros.

El secretario general de Fenin, Pablo Crespo, señaló que “este estudio muestra una imagen real de la aportación de nuestras empresas fabricantes a la economía española, y evidencia su importante papel en una sociedad más saludable, innovadora y competitiva”. A su juicio, el documento “permite obtener una fotografía completa” de este sector, con el objetivo de que sirva como base para “trabajar con las administraciones en estrategias que garanticen que la fabricación de innovación tecnológica en España sea rentable y competitiva”.

En su intervención, Crespo subrayó que el sector cuenta con 933 empresas, de las cuales 332 fabrican en España, lo que supone que una de cada tres desarrolla actividad productiva en el país. Indicó además que el 93% son pequeñas y medianas empresas y que, de ellas, el 29% obtuvo resultado negativo. “Creo que es algo que merece una reflexión”, afirmó.

El responsable de Fenin advirtió de un “serio problema de viabilidad en la mayoría de nuestras compañías” y vinculó esta situación a distintos factores que, según explicó, deben ser objeto de análisis. Entre Madrid y Barcelona se concentra el 60% de las plantas de fabricación.

La industria fabricante facturó 4.900 millones de euros y generó 1.677 millones de euros de valor añadido bruto, con una inversión de 344 millones de euros. Crespo destacó que se trata de un sector que crea valor económico con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida.

Financiación y contratación pública

Entre las demandas planteadas figura la necesidad de “ayudas, apoyo institucional, líneas de financiación, subvenciones y deducciones fiscales” que permitan incrementar la presencia productiva y avanzar en autonomía estratégica. Según expuso, muchas compañías se ven obligadas a vender fuera de España porque el mercado nacional presenta dificultades para ser competitivas, pese al reconocimiento de la tecnología fabricada en el exterior.

Crespo reclamó también modelos de compra pública basada en valor, donde el precio no sea el único factor determinante. En este contexto, defendió la necesidad de cambiar la legislación de contratos del sector público y recuperar la integración de los contratos públicos, actualmente bloqueados por la Ley 2.015, lo que, según indicó, supone un “grave problema de viabilidad” para empresas con contratos plurianuales que no pueden actualizar costes en un entorno de inflación acumulada superior al 20% en los últimos años.

Asimismo, pidió un marco regulatorio “estable, propio” adaptado a las peculiaridades del sector. En relación con la futura ley de industria, agradeció la apertura de una línea de trabajo con el Ministerio para impulsar un proyecto que permita industrializar y reindustrializar el sector.

Por su parte, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, confirmó la voluntad del Ejecutivo de avanzar en una estrategia específica. “Estamos trabajando en una hoja de ruta para impulsar una estrategia específica para el sector de Tecnología Sanitaria que fomente la industrialización, la localización de la producción y la I+D+i. Queremos consolidar un ecosistema más competitivo, resiliente y sostenible”, afirmó.

El secretario de Estado de Industria enmarcó su intervención en un contexto de “reflexión económica, reflexión sectorial, de reflexión industrial, pero también de reflexión filosófica de qué posición establecemos como país en este momento en el que se mueve el tablero”. En ese escenario, subrayó que el de la tecnología sanitaria es “un sector crucial”.

García Brustenga explicó que el Gobierno trabaja en una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica que sustituirá a la normativa vigente desde 1992. Según señaló, el nuevo marco incorpora “ecosistemas industriales y unos retos transversales que son estratégicos durante seis años con planes de tres años”, con el objetivo de diseñar estrategias proactivas para sectores considerados estratégicos. Mientras la ley culmina su tramitación parlamentaria, aseguró que ya se aplican de forma práctica algunas de sus líneas de actuación.

En este contexto, confirmó que el Ministerio ha iniciado un trabajo conjunto con el sector para avanzar en una estrategia concertada. “Nada sin el sector, sin cada sector”, afirmó, al tiempo que animó a que este proceso desemboque en un plan compartido.

Uno de los instrumentos mencionados fue el desarrollo de Protech, concebido como adaptación del Plan Profarma al ámbito de la tecnología sanitaria. Explicó que Profarma es “un ranking de empresas que contribuyen en todos los aspectos de impacto en territorio, en sector, en empleo, en innovación” y señaló que trasladar esa lógica al ámbito de la tecnología sanitaria supondrá un reto debido a la amplitud y diversidad tecnológica del sector.

El secretario de Estado insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre distintas tensiones estratégicas. Por un lado, “innovar-internacionalizar”, una dimensión que valoró positivamente; por otro, industrializar localmente. A su juicio, ambas dimensiones son compatibles, aunque requieren profundidad y una visión compleja, propia de modelos industriales maduros. Este enfoque lo vinculó a la autonomía estratégica abierta. En este sentido, defendió la necesidad de reforzar las cadenas de valor tras la experiencia de la covid-19 y planteó la importancia de contar, al menos, con un “Plan B en España y en Europa” para determinados productos estratégicos.

En este marco, aludió también a la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), que describió como un modelo complejo en el que sector público y privado se corresponsabilizan para asegurar cadenas de suministro y productos estratégicos. Este planteamiento incluye, además, la diversificación de mercados y de líneas de suministro, así como el impulso a la innovación para reducir dependencias externas elevadas.

Finalmente, García Brustenga situó al sector ante una oportunidad de proyección internacional. Recordó que España será país invitado en la Hannover Messe de 2027, la principal feria industrial europea, y trasladó al sector su deseo de que la tecnología sanitaria sea uno de los segmentos industriales destacados. “Contamos que vosotros seáis uno de los nichos, uno de los segmentos industriales de los que estamos más orgullosos”, afirmó, animando a trabajar desde ahora para que empresas, comunidades autónomas o clústeres puedan mostrar en ese escaparate internacional las capacidades industriales desarrolladas en España.