Market Access
Representantes de organizaciones empresariales industriales y sindicatos reclamaron este miércoles una nueva Ley de Industria que permita a España responder a los retos actuales de competitividad, autonomía estratégica, digitalización, sostenibilidad, talento e internacionalización. La petición se formalizó durante la presentación de la Declaración para el impulso de una Ley de Industria y el desarrollo de una política industrial efectiva ante los retos globales, impulsada por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic), Asociación Española de Bioempresas (Asebio), Farmaindustria, Foro de Empresas Innovadoras, Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).
La reivindicación llega en un contexto político especialmente significativo. Aunque el manifiesto reclama de forma genérica “una Ley de Industria”, el Congreso tiene pendiente desde diciembre de 2024 la tramitación del Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sigue en fase de enmiendas. La ficha parlamentaria del Congreso recoge la cadena de prórrogas del periodo de enmiendas desde febrero de 2025, y acumula ya más de 50 ampliaciones.
El acto, celebrado en el Consejo Económico y Social, fue inaugurado por su presidente, Antón Costas, quien situó la reclamación en un cambio de ciclo más amplio. “Después de décadas de demonizar la política industrial, estamos viendo un retorno de la política industrial”, señaló. A su juicio, ese retorno debe servir “como palanca para volver a recuperar la prosperidad de los territorios y de las pequeñas y medianas ciudades”. Costas vinculó la fortaleza industrial no solo con la economía, sino también con la cohesión social. Según él, “sin prosperidad en los territorios es difícil sostener la civilización liberal y evitar que los autoritarismos puedan avanzar”.
Representantes de las entidades firmantes del documento
El vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras, Francisco Marín, defendió que España no puede quedarse al margen del nuevo impulso industrial europeo. “Europa está moviendo sus fichas”, afirmó, en referencia a la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica, los fondos de competitividad y el nuevo marco financiero plurianual. “España no puede permitirse ir más lenta de lo que vaya Europa”, advirtió. Marín insistió en que los convocantes no defendían “ningún texto concreto”, sino la necesidad de “un marco regulatorio que permita optimizar el esfuerzo que inexorablemente vamos a tener que hacer”.
La dimensión europea fue desarrollada por Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, quien defendió que la política industrial se convirtió en un eje central para la supervivencia competitiva de la UE. “Europa tiene que sentarse a la mesa, porque si no estás en la mesa, eres parte del menú”, afirmó . Calleja recordó que Europa representa “el 6% de la población mundial” pero genera “el 18% del PIB mundial”, aunque alertó de que el modelo anterior, basado en subcontratar industria en Asia, energía en Rusia y defensa en Estados Unidos, “ya no garantiza nuestra viabilidad”.
El representante de la Comisión Europea también puso el foco en las barreras internas del mercado único, al señalar que, en bienes, equivalen a “un arancel de un 41%” y, en servicios, a “un arancel de un 110%”. A su juicio, eliminar esos obstáculos permitiría a las empresas europeas ganar escala y competitividad. En ese contexto, defendió una agenda de simplificación y mayor armonización normativa con “más reglamentos y menos directivas”, porque las directivas tardan más en incorporarse y pueden generar diferencias entre Estados miembros. Calleja añadió que Europa debe reducir las cargas administrativas “un 25% para las empresas y un 35% para las pymes”, acelerar permisos industriales, movilizar ahorro hacia inversión productiva y reforzar áreas clave como defensa, digitalización, salud, biotecnología y descarbonización.
El papel de la industria farmacéutica
Desde Farmaindustria, su subdirector general, Javier Urzay, estructuró su intervención en forma de decálogo para defender el papel de los ecosistemas industriales y de la colaboración público-privada en la futura política industrial. Su primera idea fue que “la innovación en sectores complejos no es individual, es sistémica”, y puso como ejemplo a la industria farmacéutica, donde empresas, hospitales, universidades y centros públicos interactúan de forma continua. En ese contexto, recordó que “una parte muy relevante” de la inversión en I+D del sector, “el 45%, unos 700 millones de euros anuales”, se realiza en colaboración con estos agentes.
Urzay subrayó que la colaboración público-privada no solo genera conocimiento, sino que acelera su traslación a productos y soluciones con impacto directo en salud y economía. “Sin colaboración público-privada, la innovación en salud no escala”, afirmó, antes de defender que los territorios con marcos estables de colaboración, confianza institucional y coordinación entre actores son los que se consolidan como hubs de innovación farmacéutica y producción avanzada. También reivindicó la dimensión estratégica del sector en España, al recordar que la industria farmacéutica cuenta con “180 plantas de medicamentos de uso humano, veterinario y principios activos” que, a su juicio, “hay que conservar y potenciar”.
En la parte final de su decálogo, el representante de Farmaindustria defendió que estos ecosistemas generan valor más allá de la inversión o las exportaciones, al aportar resultados en salud, calidad de vida, sostenibilidad del sistema sanitario y empleo estable, cualificado y bien remunerado. También reclamó un marco regulador “predecible y colaborativo”, con diálogo institucional y participación del sector en el diseño de políticas. “La innovación no ocurre en silos, ocurre en ecosistemas”, insistió Urzay, quien sostuvo que los países que lideren serán aquellos capaces de institucionalizar la colaboración público-privada como herramienta estratégica de innovación, inversión y crecimiento sostenible.
Innovación e internacionalización
Ion Arocena, director general de Asebio, centró su intervención en la internacionalización y en la necesidad de que España y Europa sean capaces de convertir la innovación científica y tecnológica en liderazgo industrial. Recordó que las exportaciones españolas tuvieron una evolución muy positiva en la última década, pero advirtió de que ese dinamismo “se ha interrumpido” en los últimos años. “Tenemos el reto de incrementar el contenido tecnológico y el valor añadido de esas exportaciones”, señaló, antes de subrayar que sectores como el biotecnológico, farmacéutico, químico, digital, aeronáutico, espacial o de defensa comparten una misma realidad: “Nadie opera en un mercado local; desde el principio estamos pensando en el mundo como el mercado en el que nos tenemos que desarrollar”.
Arocena vinculó esta reflexión con el diagnóstico europeo sobre competitividad e innovación. A su juicio, Europa cuenta con buena investigación, talento e infraestructuras, pero mantiene dificultades para escalar sus avances científicos, industrializarlos y transformarlos en liderazgo global. “Europa investiga bien”, afirmó, pero tiene “tremendas dificultades para escalar, industrializar y convertir esa innovación en liderazgo global en mercados que, por naturaleza, ya son globales desde su nacimiento”. En el caso de la biotecnología, alertó de que China está aumentando “de forma tremenda” su capacidad innovadora y su peso en patentes, mientras que Estados Unidos conserva un liderazgo apoyado en una fuerte base comercial.
Ante este contexto, el representante de Asebio reclamó políticas industriales más ambiciosas, integradas y orientadas a tecnologías disruptivas. “Necesitamos más Europa”, defendió, al considerar que la competencia real se produce entre grandes bloques y no entre Estados miembros aislados. También pidió instrumentos financieros adecuados para sectores intensivos en ciencia, con largos ciclos de desarrollo, elevados riesgos tecnológicos y alta necesidad de inversión. Arocena sostuvo que la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica debe servir para modernizar el marco regulatorio y pasar de una visión “puramente manufacturera” a una perspectiva más competitiva, tecnológica y global. “No hemos perdido el tren, estamos a tiempo de reaccionar, pero necesitamos hacerlo rápido”, concluyó.
Autonomía estratégica y digitalización
Desde Tedae, su presidente Ricardo Martí Fluxá centró su intervención en la autonomía estratégica y la resiliencia industrial. “La autonomía estratégica no es un concepto teórico ni una aspiración abstracta; es, ante todo, capacidad de decisión”, afirmó. Martí Fluxá defendió que España y Europa deben identificar con criterios técnicos “aquellas cadenas de valor críticas” y actuar sobre ellas. “No se trata de producirlo todo, sino de asegurar aquello que resulte esencial”, añadió. En su opinión, la futura ley debe reconocer “la base industrial como un activo estratégico nacional”, reforzar la inversión en innovación y proteger las capacidades productivas que no se improvisan.
La transición digital fue abordada por Celestino García, director general de Ametic, quien defendió que la digitalización industrial ya no es una opción. “La transición digital y tecnológica no es una opción, es una necesidad”, afirmó. García pidió “velocidad y escala” para que la adopción tecnológica llegue a todo el tejido productivo y no solo a una parte de las empresas. “No podemos permitirnos una industria a dos velocidades”, señaló. Además, reclamó sandboxes regulatorios industriales y digitales para probar soluciones avanzadas, así como una compra pública que actúe como primer mercado para la innovación nacional: “La Administración también debe asumir un cierto riesgo tecnológico en su adopción”.
Sostenibilidad y simplificación regulatoria
Juan Antonio Labat, director general de Feique, situó la sostenibilidad en el terreno de la competitividad. “Nadie va a operar en el futuro si no es neutro en carbono y circular”, afirmó, aunque advirtió de que la transición debe hacerse sin destruir tejido industrial. “Solo podremos hacerlo si somos competitivos en el proceso”, señaló. De lo contrario, alertó, la descarbonización podría llegar por “desinversión y fuga de carbono”, con cierre de plantas y pérdida de actividad. Labat reclamó medidas concretas en energía, electrificación, biometano, biomasa, hidrógeno y captura de CO₂, y pidió “una política industrial de medidas, no de análisis”.
Carmen Vela, presidenta del Foro de Empresas Innovadoras, centró su intervención en la simplificación administrativa, la mejora regulatoria y los instrumentos de apoyo. “Si no tenemos una ley y si no nos ponemos en línea con lo que está haciendo Europa, nos vamos a quedar fuera”, advirtió. Vela defendió que España necesita “un marco regulatorio abierto, flexible y de obligado cumplimiento” y alertó de los riesgos de fragmentación normativa interna: “Si Europa va hacia un mercado único, nosotros no podemos tener una regulación fragmentada en normativas de comunidades autónomas”. También reclamó revisar leyes que condicionan la acción industrial, como las de subvenciones o contratos públicos.
Vela defendió que la nueva política industrial debe contar con instrumentos previsibles, estables y adaptados a cada sector. “Necesitamos un calendario previsible, bien dotado económicamente y estable”, afirmó. También pidió modelos de gobernanza flexibles y paquetes integrados que combinen fiscalidad, financiación, compra pública innovadora y otros instrumentos. “Hemos hecho muchas cosas, pero nos falta continuidad, criterio y adaptación a este nuevo mundo”, señaló.
El componente social
El componente social de la política industrial fue defendido por la representación sindical. En nombre de UGT-FICA, José Antonio Pasadas reclamó una ley que ponga a las personas en el centro. “España necesita una política industrial sólida, ambiciosa y estable”, señaló. A su juicio, la futura ley debe actuar como “un paraguas que dé soporte a todas las políticas industriales” y debe construirse desde el diálogo social. “La política industrial no se puede convertir en una herramienta política”, advirtió.
Por parte de CCOO Industria, Francisco San José defendió que la norma vigente está claramente superada. “La anterior ley de industria ha quedado obsoleta y no se adapta a las nuevas realidades”, afirmó. San José reclamó mecanismos concretos de implementación, seguimiento y evaluación, y puso en valor espacios como el Foro de Alto Nivel de Industria y el Comité de Diálogo Industrial. “Estamos en un momento histórico de industrialización”, señaló, aunque advirtió de que España debe dotarse de herramientas para aprovecharlo.
Fuente: Diariofarma
