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La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la proposición de ley sobre cribado neonatal mediante el procedimiento de urgencia y bajo la fórmula de competencia legislativa plena. La norma, que se remitirá al Senado para completar su tramitación en un plazo previsto de 20 días, salió adelante con un resultado de 33 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra y las ausencia en el debate de Junts y el Grupo Vasco (PNV).
Más allá del objeto inicial de la ley, el debate parlamentario se centró en la incorporación de una enmienda transaccional pactada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y el Grupo Parlamentario Popular para blindar por ley la confidencialidad de los precios reales de los medicamentos.
Esta modificación legal afecta de forma directa a la redacción de los artículos 97 y 106 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El documento articulado establece de manera explícita que los acuerdos de financiación que se alcancen entre las administraciones públicas y los laboratorios farmacéuticos, así como la información derivada de los mismos, tendrán carácter confidencial. Esta protección prohíbe expresamente a las partes firmantes revelar los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos. En marzo de este año, los grupos Socialista y Plurinacional Sumar ya promovieron la enmienda 259 en un proyecto de ley sobre discapacidad con idéntico propósito conceptual, pero la inclusión de esta enmienda transaccional sumó la novedad del apoyo del Partido Popular, garantizando la mayoría suficiente.
Desde las fuerzas que sustentan al Gobierno defendieron la medida por criterios de sostenibilidad presupuestaria y capacidad negociadora del Estado. El portavoz de Sumar, Rafael Cofiño, fue uno de los pocos diputados en referirse a esta cuestión y recordó que la imposición de este requisito se basa en la salvaguarda de la garantía de acceso y la defensa frente a la cláusula de Nación más Favorecida puesto en marcha por la Administración estadounidense. "Una falta de confidencialidad provocaría que las compañías farmacéuticas retrasasen los lanzamientos y las personas en España debieran esperar más tiempo para acceder a la innovación". El diputado recordó también que "la confidencialidad no es absoluta, puesto que los datos serán accesibles para las autoridades de competencia, supervisoras del mercado y actividades inspectoras de conformidad con sus competencias".
Desde Partido Popular y PSOE no hubo referencias a la enmienda pactada y celebraron la llegada de la norma en su conjunto. Una norma que según explicó la socialista Carmen Martínez, indicó que la ley permite "avanzar en mayor equidad" y un mayor desarrollo al diagnóstico de estas enfermedades. Por su parte, el popular Antonio Cavacasillas llamó a que la norma "tenga altura de miras que no sea una mera declaración de intenciones".
Oposición por falta de transparencia
El bloque de la oposición rechazó los términos de la reforma farmacéutica y criticó el uso del procedimiento exprés. El diputado de Podemos, Javier Sánchez, que emitió el único voto en contra, denunció que la enmienda introduce una reforma de enorme calado por la puerta de atrás y sin debate específico. Sánchez vinculó temporalmente la medida con los dos recursos de casación admitidos a trámite por el Tribunal Supremo presentados por la Fundación Civio sobre los medicamentos de alto coste Luxturna y Zolgensma, afirmando que se apresuraron para blindar por ley la confidencialidad antes de que el tribunal fije doctrina.
Los grupos que optaron por la abstención coincidieron en reprochar la opacidad del proceso. El Grupo Republicano justificó su abstención "por la manera en que se gestionó la negociación del dictamen, a pesar de compartir plenamente el fondo del cribado". En los mismos términos, el portavoz de Vox, Tomás Fernández, calificó de uso fraudulento la inclusión de enmiendas que emborronan la ley, criticando además que el texto mantiene unos mínimos que perpetúan la alta diferencia autonómica en los programas de cribado.
La norma sirvió en segundo término para consolidar el acuerdo de ampliación de los programas de cribado poblacional de siete a 21 enfermedades. El Grupo Socialista remarcó que este avance busca garantizar una mayor equidad y una evaluación anual del sistema, permitiendo incorporar de manera regular las revisiones de las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Al contar la comisión con competencia legislativa plena, el texto evita el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y pasa directamente a la Cámara Alta.
