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La farmacia comunitaria empieza a disponer de evidencia con la que sustentar su incorporación a nuevos espacios asistenciales. Programas implantados en distintas comunidades autónomas muestran mejoras en adherencia, utilización correcta de los medicamentos, seguimiento de pacientes vulnerables y coordinación sociosanitaria. El debate entra así en una nueva fase en la que resulta necesario medir el impacto, financiar las intervenciones y conseguir que aquellas que funcionan puedan escalar e incorporarse de forma estable al sistema sanitario.
Esta cuestión centró la mesa “Vivir más y mejor, adherencia, SPD y continuidad asistencial en pacientes complejos”, celebrada en el marco del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, que se desarrolla en Oviedo bajo el lema “Innovación ConCiencia Farmacéutica”.
La sesión estuvo moderada por Alfonso Alonso, exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y contó con Jon Iñaki Betolaza, director general de Farmacia del País Vasco; Gonzalo Aparicio, director general de Prestaciones de Farmacia de la Consejería de Salud de La Rioja; Javier Carazo, director general de Reequilibrio Territorial de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid; Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y Paula Payá, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia.
La cuestión ya no consiste únicamente en demostrar que la farmacia comunitaria puede prestar nuevos servicios. El siguiente paso es identificar cuáles aportan suficiente valor, acreditarlo con datos y establecer las condiciones de financiación necesarias para incorporarlos de forma estable al sistema sanitario.
De los proyectos al despliegue real
Martínez abrió la mesa con una fotografía general del desarrollo de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales y de cómo muchas de las iniciativas sobre las que la profesión lleva años trabajando han empezado ya a trasladarse al territorio. El mapa elaborado por el Consejo General recogía en 2024 177 iniciativas, de las que 82 correspondían al ámbito de la atención farmacéutica. La actualización presentada en Oviedo eleva el total hasta 215 iniciativas en 2026.
La secretaria general del Consejo repasó también la evolución de los servicios vinculados a la salud comunitaria, entre ellos los cribados, la educación sanitaria, la farmacovigilancia y distintos programas desarrollados en el medio rural. Insistió en la importancia de trabajar con protocolos comunes y herramientas de registro que permitan comparar experiencias y generar evidencia útil para las administraciones.
Dentro de ese mapa, Martínez concedió un espacio específico a los sistemas personalizados de dosificación (SPD), que situó entre los servicios con mayor recorrido asistencial. Recordó que ya se desarrollan en numerosos territorios y destacó su utilidad para mejorar la adherencia, la seguridad y la adecuación de los tratamientos. Al mismo tiempo, advirtió de que su utilización sigue muy por debajo de su potencial. Según los datos expuestos, solo alrededor del 10 por ciento de las personas que podrían beneficiarse de un SPD acceden actualmente a este servicio.
Esa brecha llevó a Martínez a reclamar una mayor implicación de médicos y profesionales de enfermería en la identificación de pacientes candidatos y un mejor conocimiento del servicio dentro de los propios circuitos asistenciales. También vinculó su desarrollo con la necesidad de registrar la actividad, medir su impacto y avanzar en modelos de remuneración cuando el servicio forme parte de programas concertados o desarrollados junto a las administraciones.
Durante su intervención presentó además un nuevo contenido de la campaña “SPD. Cada dosis cuenta”, impulsada para explicar a profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores cómo se preparan estos sistemas y qué controles profesionales acompañan todo el proceso, desde la revisión de la medicación hasta la elaboración, entrega y seguimiento.
Martínez situó así los SPD dentro de una reflexión más amplia sobre el crecimiento de los servicios profesionales y la necesidad de que las experiencias que están funcionando puedan generar evidencia suficiente para extenderse a otros territorios.
Resultados y remuneración ligados a salud
El País Vasco aportó uno de los ejemplos más desarrollados de ese paso hacia intervenciones evaluadas. Betolaza defendió que el envejecimiento, el aumento de personas mayores que viven solas y la creciente demanda asistencial obligan a aprovechar mejor la red de farmacias comunitarias. El objetivo es reforzar su papel como agentes de salud y conectarlas con los centros sanitarios y los servicios sociales.
Uno de los programas vascos está dirigido a pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Ha alcanzado ya a alrededor de 900 pacientes y dispone de un presupuesto de 120.000 euros. Su rasgo más diferencial reside en que la remuneración de las farmacias se vincula tanto a la prestación del servicio como a los resultados en salud obtenidos.
La evaluación inicial puso de manifiesto un amplio margen de mejora. De 197 farmacias participantes, 127 atendían pacientes. En el punto de partida, el 68,8 por ciento de los pacientes cometía errores en el uso de los inhaladores. El control clínico era deficiente en aproximadamente el 35 por ciento de los pacientes con asma y en el 55 por ciento de los pacientes con EPOC, mientras alrededor del 20 por ciento tuvo que ser derivado a atención primaria.
La evolución posterior muestra mejoras en adherencia, síntomas y técnica inhalatoria. La baja adherencia se ha reducido hasta aproximadamente el 5 por ciento, los errores en el uso de los inhaladores han descendido hasta el 30 por ciento y el control del asma ha mejorado hasta situarse cerca del 80 por ciento. Betolaza calificó estas cifras como “espectaculares”.
El País Vasco cuenta además con otros programas dirigidos a pacientes vulnerables y al ámbito sociosanitario. Uno de ellos atiende a más de 3.000 pacientes al mes e incorpora a personas que reciben ayuda domiciliaria, apoyo familiar o atención desde centros sociales. Betolaza destacó el papel de los servicios sociales y la utilidad de que los médicos conozcan qué pacientes participan en estas actuaciones.
Murcia ha situado precisamente esa coordinación social en el centro de su estrategia. Payá explicó que el programa de adherencia se diseñó desde el principio con participación de atención primaria y servicios sociales y que, tras unos tres años de desarrollo, ha ido incorporando ayuntamientos. La presidenta del Colegio murciano considera la adherencia uno de los ámbitos en los que la farmacia puede aportar más, aunque defendió que el despliegue debe ir acompañado de financiación.
Medir antes de escalar
La dimensión social y territorial también marca la experiencia de La Rioja. Aparicio defendió que las administraciones deben preparar el marco normativo necesario para incorporar estos servicios y recordó que la comunidad cuenta desde 2025 con una norma de atención y ordenación farmacéutica que reconoce esta dimensión asistencial.
El programa de farmacia rural riojano ha incorporado prestaciones farmacéuticas y actuaciones sociales en municipios pequeños y dispone ya de un dossier específico para analizar su impacto. Aparicio defendió que la actividad registrada debe traducirse en indicadores de salud capaces de respaldar las decisiones de la Administración.
Los proyectos, explicó, deben desarrollarse de forma controlada, protocolizada y medible antes de ampliarlos. “La apuesta que hagamos con los proyectos no sea un gasto, sea una inversión”, defendió al explicar la responsabilidad de las administraciones a la hora de evaluar su efecto.
Madrid, por su parte, ha situado buena parte de este desarrollo dentro de su política de reequilibrio territorial. Carazo destacó la farmacia como una infraestructura clave en municipios donde los centros de salud disponen de horarios limitados y defendió una regulación que permita innovar sin bloquear la capacidad de actuación autonómica.
El responsable madrileño identificó cinco ámbitos sobre los que avanzar. La atención farmacéutica domiciliaria, los SPD, la farmacia rural, la coordinación con médicos y servicios sociales y, finalmente, el registro, la remuneración y la evaluación. “La Administración necesita resultados, pero la farmacia necesita escalar”, resumió.
Carazo insistió también en que la atención domiciliaria no debe confundirse con la simple entrega de medicamentos. En municipios pequeños, con población envejecida y situaciones de soledad, la farmacia puede asumir funciones de seguimiento y acompañamiento que complementen la atención sanitaria y social.
Las distintas experiencias terminaron por confluir en una misma exigencia. Para superar la lógica de los proyectos aislados hace falta acreditar su impacto. Martínez defendió que los registros impulsados por la organización colegial permitan generar evidencia comparable y puedan ponerse a disposición de las comunidades autónomas que no dispongan de herramientas propias.
Betolaza planteó la misma cuestión desde la perspectiva de la Administración. La mejor forma de animar a otros territorios a desarrollar estos modelos pasa por demostrar que funcionan. El País Vasco, señaló, destina ya más de dos millones de euros al conjunto de estos programas.
Aparicio relacionó esa evolución con la humanización de la asistencia y condensó las condiciones necesarias en confianza, colaboración institucional, protocolos y datos. La combinación de estos elementos debe acabar traduciéndose en mejoras constatables para los pacientes.
